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Hechos los locos octubre 29, 2009

Posted by Manuel Andrés Casas in Otra, política nacional.
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Los apparatchiks iluminados encargados de la conducción del país han ideado, de manera bastante discreta por cierto, otra manera de ir lentamente cercenando los Derechos de Propiedad. Esta vez prefirieron optar por un mecanismo bastante inconspicuo. No fueron expropiaciones rimbombantes encabezadas por el Ministro Jaua, o flamantes tomas de posesión “temporales” con el Ministro Samán a la cabeza. No, está vez se trató de una simple resolución emanada de una obscura entidad burocrática: El Instituto de Patrimonio Cultural. (Resolución publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria número 39.272 del 25 de septiembre de este año, páginas 4 a 13 para ser precisos).

Así, de un plumazo, José Manuel Rodríguez, el presidente (encargado, por cierto) del mencionado Instituto, declaró Patrimonio Cultural de la República gran parte del Municipio Libertador. Claro está que existen bienes inmuebles propiedad del Estado, como plazas y monumentos, que deberían ser declarados Patrimonio Cultural de la República. Lo que no comprendo es la necesidad de declarar zonas netamente residenciales, como el Paraíso, la Florida, San Bernardino, la Parroquia Santa Teresa, Propatria etc., como patrimonio cultural. Teniendo en cuenta el, oh poco importante hecho, de que muchas de las edificaciones de las urbanizaciones incluidas en la declaración, son, relativamente nuevas, por lo cual, su valor histórico es poco, por no decir inexistente. Igualmente no entiendo por qué centros comerciales de escasa antigüedad también son incluidos en la declaratoria

A simple vista pudiera parecer que la declaratoria de patrimonio es algo bueno. Se está promoviendo la conservación de las edificaciones y por tanto la integridad de la riqueza arquitectónica de nuestra ciudad. Los problemas comienzan cuando en la declaratoria se hacen las siguientes afirmaciones (precisamente en los párrafos 3 y 4 de la página 5 de la Gaceta)

“[…] Toda declaratoria de bienes tangibles como Bien de Interés Cultural constituye una restricción y obligación al derecho de propiedad[…](resaltado nuestro)”

“[…]Que toda intervención de los bienes culturales inscritos en el Registro General de Patrimonio Cultural que pudiera afectar los valores que motivaron su inclusión en el mismo, deberá ser previamente autorizado por el Instituto de Patrimonio Cultural […](resaltado nuestro).

¿Qué implica esto? Que los derechos de propiedad del gran número de venezolanos que habita en las zonas declaradas de interés cultural han sido groseramente cercenados. El derecho de propiedad consiste básicamente en: usar, gozar y DISPONER de nuestros bienes en la manera en que consideremos más conveniente. Eso conlleva a que el dueño de una vivienda debería poder venderla cuando él considere conveniente, a quién él considere conveniente y por la cantidad que él determine suficiente. Ahora, lamentablemente, gran parte de los propietarios que habitan en el Municipio Libertador han quedado sujetos a la voluntad de un burócrata iluminado.

Dicha declaración debería ser repudiada cabalmente. Es una manifestación clara del Estado inmiscuyéndose en áreas donde simplemente no le corresponde estar. Los ciudadanos tienen derecho a utilizar libremente los bienes que han adquirido, ya sea por el fruto de su trabajo o por el fruto del trabajo de sus ascendientes.

Maurice Duverger, un gran apologista de que los medios de producción estén en manos del Estado decía que sólo los bienes de producción (fábricas, tierras y afines) deberían estar en manos del Estado, que los bienes de consumo y de uso (como las viviendas) deberían permanecer en manos de los particulares. Bueno, actualmente esos inmuebles siguen estando en manos de los ciudadanos, simplemente que esas manos están atadas.

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