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Ley Contra el Desalojo mayo 19, 2011

Posted by sinelchivoysinelmecate in Articulo, Colaborador.
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El 9 de mayo, en Gaceta Oficial N° 39.668, el Presidente por medio del Decreto N° 8.190, dictó la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.

 El Objeto de la Ley busca proteger a los ciudadanos contra medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión legítima de inmuebles destinados a vivienda principal. Es en este punto donde hago mi primera observación; ciertamente existe la necesidad de proteger a los inquilinos de los arrendadores que no cumplan con lo establecido en las leyes, pero ¿quién protege a los propietarios que de buena fe han alquilado su propiedad y por alguna razón necesitan restituir la posesión de ésta para algún fin personal?

 La Ley establece entre los sujetos protegidos a: “arrendatarios, comodatarios, usufructuarios y en general quienes ocupen de manera legítima inmuebles destinados a vivienda principal o adquirentes de viviendas nuevas o en el mercado secundario cuando sobre ellas exista una garantía real susceptible de ejecución judicial que comporte la pérdida de la posesión o tenencia”. Allí tengo mi segunda observación, vemos como esta ley “olvida” a los propietarios o arrendadores y su derecho a la propiedad, o como, por ejemplo, deja a un lado a aquellos constructores que realizando una inversión construyen una vivienda y en caso de que el nuevo adquiriente no pague, el constructor se tendrá que quedar con los gastos de la construcción.

 A partir de la publicación del Decreto en G.O., se prohíben las ejecuciones o desalojos forzosos sin el cumplimiento de un nuevo procedimiento especial. Así mismo, suspende todos los procesos judiciales o administrativos en curso, hasta que se haya cumplido con el nuevo procedimiento especial previsto. Acá me detengo nuevamente, pues al parecer las personas que tienen años y años peleando en los tribunales el desalojo y liberación de alguna propiedad y que finalmente obtuvieron una medida, de la noche a la mañana el Presidente ya no los dejará ejecutarla.

 En cuanto al “Procedimiento” sin sentido totalmente se crea una nueva instancia judicial, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial venezolano, la cual está en el Ministerio de Vivienda y Hábitat, donde los interesados deberán consignar sus solicitudes escritas, motivadas y documentadas, luego de citaciones, alegatos y defensas, y si la decisión es favorable al propietario, el Ministerio indicará el procedimiento para efectuar el desalojo, que sólo se podrá ejecutar por orden judicial –y ahora sí volvemos al sistema-, para lo que el propietario deberá acudir a los tribunales. Lo más grave de todo esto es la burocratización del sistema de desalojo, como si ya los tribunales no se tardaran lo suficiente…

 Estas son algunas reflexiones de esta “novedosa” Ley, que coarta los derechos y libertades de las personas y NO protege a los ciudadanos. Crear más trabas, a las ya existentes en el Sistema Judicial venezolano y no es una solución. Es importante pensar que algún día los inquilinos pueden ser propietarios y en caso de necesitar la posesión de su propiedad por alguna urgencia familiar, gracias a esta Ley no podrán. Así como no olvidar que la propiedad también es un derecho legitimo que no debe verse limitado de esta forma por la posesión. Reflexionemos sobre que derecho debe prevalecer en cada situación específica y defendamos la legislación ya existente necesaria para resolver estos casos.

Gerardo Bello Aurrecoechea

@GerardoBelloA

Gbello83@gmail.com

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1. antonio gomez - mayo 27, 2011

LA EXPROPIACIÓN ATEMPORAL POR VÍA INDIRECTA DE LAS VIVIENDAS EN VENEZUELA
La reciente promulgación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, representa una de las violaciones más degradantes que un gobierno bien sea de ideología comunista, socialista o democrático, haya realizado contra los ciudadanos “honestos” (que son muchos) que alquilan sus viviendas principales, y contra el derecho constitucional, sagrado e inviolable de disposición y de propiedad de una vivienda. Este decreto no se consultó con la parte jurídica de la relación más débil: el arrendador o propietario de una vivienda principal que sufre de los abusos de inquilinos morosos, o que violan el contrato de arrendamiento, o que desea regresar a su vivienda para vivir con su grupo familiar. A ello se ha de agregar el “congelamiento” de los precios de los alquileres desde el año 2006, ya que si el inquilino se niega a pagar los ajustes por inflación “se acoge a dicho decreto”, por lo que se hace imposible obtener un precio justo para el arrendador, dado el proceso inflacionario.
Pero lo más insólito de este Decreto de la Ley Habilitante es que suspende todos los juicios de arrendamientos de viviendas principales (ejemplo: la única propiedad que tiene una persona, cuando es el caso que vive alquilado en otro Estado) para transferir el problema de morosidad, incumplimiento del contrato o término del contrato de arrendamiento a un procedimiento engorroso administrativo de negociación que va en detrimento del la parte más débil: el propietario del inmueble, el viejito, la viejita, el asalariado y la asalariada que alquila su vivienda por mudanza de trabajo a otro estado.
Pero no toda esta injusticia termina allí, solo después del proceso de conciliación y negociación en vía administrativa, de no estar las partes de acuerdo, recién puede dirigirse el propietario del inmueble a los tribunales de la República para formalizar la demanda; el caso es que se suspende la ejecución forzada de la sentencia, porque se señala que el juez no podrá ejecutar el desalojo hasta que el Gobierno no le asigne una vivienda al inquilino. O sea, que se ha decretado una expropiación atemporal por vía indirecta y simulada de las viviendas arrendadas (hasta el año 2017 ¿?), y se condena a mendigar el sustento a más de 1,5 millones de familias honestas, que tienen una sola vivienda, porque será imposible satisfacer las necesidades habitacionales a los 2 ò 3 millones de familias que se inscribirán en la Misión Vivienda.
Confieso que siempre le di el voto a Chávez en todos los procesos electorales, hoy como afectado, sufro en carne propia esta infamia, ya que no puedo regresar con mi grupo familiar a mi vivienda, ni mucho menos pagar el alquiler que pago donde resido en otro Estado por estar desempleado.


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